Por: Colectivo de Comunicación La Periferia Literaria. Agencia de comunicaciones Techotiba
El amplio territorio de Bacatá del que hace parte esta enorme urbe donde convivimos cerca de ocho millones de habitantes, está hermanado por las aguas que recorrían de cabo a rabo la sabana bogotana; para ser más exactos el cacicazgo de la confederación Muisca o Chibcha enmarcado en un territorio que cubría el territorio que va desde Funza hasta Tunja. Todos estos territorios ancestrales han tenido un problema, y es que el 6 de agosto de 1538, con Gonzalo Jiménez de Quezada al mando, se inicia el problema de la falsa titulación de tierras.
Como conmemorando la fecha, 473 años y un día después, en plena madrugada del 7 de agosto, unos urbanizadores piratas llegaron a instalarse en la ronda del humedal La Libélula, ubicado los límites imaginarios entre las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, exactamente detrás del portal del Tunal. Con 10 vacas para pastorear y un furgón lleno de enseres, dispusieron del terreno, lo cercaron y se instalaron, alegando el alquiler del terreno con el fin de pastorear.
Ante la invasión se llevó a cabo una convocatoria con el fin de movilizar a todas las entidades y autoridades hasta el lugar para aclarar la situación y recuperar el territorio ultrajado. El lunes 8 de agosto se buscaba esclarecer la situación ante la convocatoria masiva que incluía a representantes de la comunidad, organizaciones sociales de diversas localidades, la concejal Ati Quigua, funcionarios del Jardín Botánico, Empresa acueducto de Bogotá y de las alcaldías locales de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Ante una serie de determinaciones se dictaminó la recuperación inmediata del espacio. Cuando se realizaba la diligencia por parte de las autoridades y la comunidad, apareció el oficial retirado del ejército Héctor García, alegando no sólo ser el dueño de este terreno sino de 1055 hectáreas de territorios que incluyen reservas ecológicas del sur de Bogotá. Las escrituras en las que ampara la supuesta propiedad fueron pagadas en 1977 a Luís Alejandro Martínez Guío. Ante los reclamos de la comunidad por la actividad, García, alegó que estos terrenos los tenía dispuestos para la creación de una serie de urbanizaciones que cubrirán el sur de la ciudad. Lo curioso es que sin un sustento jurídico serio, sin una sentencia que declare la legalidad de esta acción y bajo el amparo de unas escrituras de las que no se pudo comprobar la legalidad, se invadió un espacio público, reservado para actividades ecológicas y en proceso de recuperación.
El humedal de la libélula pertenece a la cuenca del río Tunjuelo, es un espacio público y ecológico, es uno de los colchones del río, además de estar incluido en proyectos para la recuperación de espacios ambientales catalogados como rondas hídricas de recreación pasiva, es decir que está prohibida cualquier otra actividad diferente a la ambiental. Desde hace aproximadamente ocho años se realiza un proceso de recuperación por parte de la comunidad organizada del Tejar de Ontario, con la intervención de organizaciones sociales de base y en la actualidad se cuenta con la asesoría del Jardín Botánico.
Por suerte para muchos, esa tarde se recuperó el espacio ecológico. La comunidad, en pleno, hizo efectiva la defensa de los pocos recursos ecológicos que quedan en medio de la ciudad. Hay que recordar el valor que tienen los humedales para el sostenimiento de la vida, para el equilibrio natural y es claro, y debe serlo, que no hay dinero, oro, petróleo, ni cemento que valga más que una reserva natural. Por lo mismo hay que defender el agua y los territorios como un legado ancestral para las futuras generaciones.
Al parecer esto no es nuevo bajo el precario sol bogotano. Pero ya hay casos comprobados y de cierta manera olvidados a lo largo y ancho de un territorio ancestral tomados por los latifundistas que van más allá de cualquier noble intención sobre las reservas ecológicas, intentan hacerlas desaparecer dándole curso a proyectos de construcción. Bajo el gobierno del hoy candidato oficialista a la alcaldía Enrique Peñalosa se creó el Banco de tierras (Decreto 161 de 1999), un postulado que no apunta a otra cosa que habilitar los abusos sobre el suelo para fomentar la construcción. En esta zona de la ciudad multinacionales cementeras como Cemex y Holcim Colombiana S.A amparadas en leyes de este tipo desangran el río Tunjuelito. Pero aún continúa la lucha por la defensa de los territorios vitales para la ciudad.
VIDEO DE LA INVASIÓN
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